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Por: Ignasi Terradas Saborit
Antropología Jurídica de la Responsabilidad
38,00 €Desde una perspectiva etnográfica e histórica -es decir, comparando diversas culturas jurídicas- la creación o atribución de responsabilidad desafía las doctrinas al uso del derecho positivo. La responsabilidad civil queda entonces como una idea sujeta a un contexto histórico, que viene determinado por unas necesidades e intereses sociales prevalecientes. Esos factores dirimen la responsabilidad como obligación, y lo hacen con mayor determinación que la equidad de los casos o la igualdad ante la ley. Lo hacen a través de hechos que condicionan enormemente el ejercicio de los derechos. Es así cómo la responsabilidad llega a manifestarse, por ejemplo, como un producto o coste de mercado. Y el derecho se sitúa detrás de la economía, más para rubricarla que para instituirla.
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Por: Fernando Martín Diz
La Mediación en materia de familia y Derecho Penal
28,00 €Si es posible restaurar la paz social sin necesidad de poner en marcha la pesada maquina jurisdiccional, es como mínimo de interés público el evitar el derroche de los recursos públicos escasos para llegar a una solución procesal que tal vez sea incompleta y por ello insatisfactoria, que con facilidad podría ser cualitativamente mejorada por otros cauces menos formales, y sobre todo, más flexibles y amigables.
Las vías complementarias adquieren así, a mi modesto modo de ver, un claro alcance constitucional.
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Por: Enrique Rivero Ysern, Marcos Fernando Pablo
Equidad, Derecho Administrativo y Administración Pública en España
20,00 €A modo de un simple ensayo sobre la equidad y el derecho administrativo en España, los autores realizan una reconstrucción del papel de la categoría histórica, a fin de dar cuenta de fenómenos actuales en los que la equidad es llamada implícitamente para dar respuesta a problemas (tales como la discriminación indirecta, o la necesidad de tutelar intereses en trance de constituirse como legítimamente protegidos) en los que la aplicación mecánica de la legalidad no ofrece una adecuada respuesta tuitiva a situaciones de hecho que reclaman la aplicación de los grandes valores constitucionales, los principios ordenadores de un sector de la actividad administrativa, o el propio principio del que la norma aplicada es portadora.