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Por: Francisco Cebreiro Ares
Dinero y crédito en Santiago de Compostela (1768-1809)
25,00 €Innovación financiera y hundimiento del antiguo régimen monetario.
La primera conclusión que es posible obtener del análisis de la circulación monetaria y del crédito de la ciudad de Santiago de Compostela en las cuatro últimas décadas del Antiguo Régimen es su complejidad y diversidad, en sintonía con los instrumentos y dinámicas conocidas para el resto de ciudades españolas y europeas. Los vecinos de Compostela contaron con un mercado organizado del crédito hipotecario, un sistema financiero en torno a los granos, conocieron y emplearon la letra de cambio, accedieron a diversos mecanismos bancarios y participaron de las inversiones modernas tanto de acciones como de deuda pública de la Monarquía Española.
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Por: Fernando Martín Diz
La Mediación en materia de familia y Derecho Penal
28,00 €Si es posible restaurar la paz social sin necesidad de poner en marcha la pesada maquina jurisdiccional, es como mínimo de interés público el evitar el derroche de los recursos públicos escasos para llegar a una solución procesal que tal vez sea incompleta y por ello insatisfactoria, que con facilidad podría ser cualitativamente mejorada por otros cauces menos formales, y sobre todo, más flexibles y amigables.
Las vías complementarias adquieren así, a mi modesto modo de ver, un claro alcance constitucional.
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Por: Enrique Rivero Ysern, Marcos Fernando Pablo
Equidad, Derecho Administrativo y Administración Pública en España
20,00 €A modo de un simple ensayo sobre la equidad y el derecho administrativo en España, los autores realizan una reconstrucción del papel de la categoría histórica, a fin de dar cuenta de fenómenos actuales en los que la equidad es llamada implícitamente para dar respuesta a problemas (tales como la discriminación indirecta, o la necesidad de tutelar intereses en trance de constituirse como legítimamente protegidos) en los que la aplicación mecánica de la legalidad no ofrece una adecuada respuesta tuitiva a situaciones de hecho que reclaman la aplicación de los grandes valores constitucionales, los principios ordenadores de un sector de la actividad administrativa, o el propio principio del que la norma aplicada es portadora.