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Por: Wojciech Dajczak
Derecho romano de obligaciones
22,00 €El punto de partida para este libro fue la pregunta: ¿cómo exponer de manera sintética la utilidad de la experiencia del derecho romano de obligaciones?
En mi opinión, en primer plano de esa imagen sintética del derecho de obligaciones, debería estar la identificación y observación de las rationes decidendi que se utilizan para resolver conflictos, rationes que ya están enraizadas o que reaparecen en la aplicación del derecho de obligaciones, a pesar de los cambios en el contexto cultural, religioso y económico en que se aplican.
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Por: María Teresa Ponte Iglesias
Conflictos armados, refugiados y desplazados internos en el Derecho Internacional actual
18,00 €Índice:
Abreviaturas
Prólogo
Introducción
I. El fenómeno de los refugiados y deslazados internos en el escenario de la post-Guerra Fría.
II. El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados desde una perspectiva convergente.
III. Los conflictos armados en la génesis del derecho internacional de los refugiados.
IV. El concepto de refugiado: su progresiva ampliación.
V. El sistema internacional de protección de los refugiados: el papel de ACNUR
VI. Las personas internamente desplazadas.
VII. A modo de recapitulación. Afrontando nuevos retos: La declaración de la misión del ACNUR.
Bibliografía. -
Por: Enrique Rivero Ysern, Marcos Fernando Pablo
Equidad, Derecho Administrativo y Administración Pública en España
20,00 €A modo de un simple ensayo sobre la equidad y el derecho administrativo en España, los autores realizan una reconstrucción del papel de la categoría histórica, a fin de dar cuenta de fenómenos actuales en los que la equidad es llamada implícitamente para dar respuesta a problemas (tales como la discriminación indirecta, o la necesidad de tutelar intereses en trance de constituirse como legítimamente protegidos) en los que la aplicación mecánica de la legalidad no ofrece una adecuada respuesta tuitiva a situaciones de hecho que reclaman la aplicación de los grandes valores constitucionales, los principios ordenadores de un sector de la actividad administrativa, o el propio principio del que la norma aplicada es portadora.