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Por: Diego Piay Augusto, Juan L. Naveiro López
La huella romana en Catoira
18,00 €Mucho antes de que el obispo Cresconio construyese una fortaleza para defender Santiago de las razzias vikingas, existió en Torres de Oeste un asentamiento de la edad de hierro que pervivió tras la conquista romana de noroeste.
Las fuentes escritas guardan silencio sobre su naturaleza, por lo que la arqueología es la única disciplina que puede arrojar algo de luz sobre los restos ocultos bajo la fortificación medieval.
En el presente libro se analizan las exploraciones arqueológicas realizadas en Torre de Oeste y en el río Ulla, con el fin de reconstruir las fases más antiguas del yacimiento, integrándolas en las dinámicas históricas de la antigua Gallaecia.
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Por: Manuel J. Sarmiento Acosta
El régimen jurídico del suelo no urbanizable en el Estado Autonómico. Características y tendencias.
18,00 €La regulación del suelo no urbanizable no debe depender única y exclusivamente de las decisiones municipales, por legítimas e importantes que sean, sino que tiene que enmarcarse en un contexto más amplio en el cual los intereses supramunicipales, la ordenación del territorio y las decisiones estratégicas globales ocupen asimismo un lugar, que es el que el mismo ordenamiento constitucional les confiere. Es necesario lograr un equilibrio entre autonomía local, ordenación del territorio, protección del medio ambiente y desarrollo económico sostenible.
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Por: Manuel J. Sarmiento Acosta
En los límites del Estado de Derecho: Un análisis de la Justicia Administrativa
20,00 €Ciertamente los órganos de lo contencioso-administrativo españoles no han seguido fielmente la estela de los franceses, por poner un ejemplo señero, sino que se han mostrado demasiado timoratos cuando no comprensivos y complacientes con los excesos de la Administración Pública española hasta fechas todavía muy cercanas, cuando la Constitución Española de 1978 ya desplegaba todos sus efectos . Ha habido un retraso histórico en la aplicación de muchas técnicas y medios de control, y ha tenido que ser el legislador en muchos casos el que estableciera una situación más justa para el ejercicio de los derechos liberales.