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![El régimen jurídico del...]()
Por: Manuel J. Sarmiento AcostaEl régimen jurídico del suelo no urbanizable en el Estado Autonómico. Características y tendencias.
18,00 €La regulación del suelo no urbanizable no debe depender única y exclusivamente de las decisiones municipales, por legítimas e importantes que sean, sino que tiene que enmarcarse en un contexto más amplio en el cual los intereses supramunicipales, la ordenación del territorio y las decisiones estratégicas globales ocupen asimismo un lugar, que es el que el mismo ordenamiento constitucional les confiere. Es necesario lograr un equilibrio entre autonomía local, ordenación del territorio, protección del medio ambiente y desarrollo económico sostenible.
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![En los límites del Estado...]()
Por: Manuel J. Sarmiento AcostaEn los límites del Estado de Derecho: Un análisis de la Justicia Administrativa
20,00 €Ciertamente los órganos de lo contencioso-administrativo españoles no han seguido fielmente la estela de los franceses, por poner un ejemplo señero, sino que se han mostrado demasiado timoratos cuando no comprensivos y complacientes con los excesos de la Administración Pública española hasta fechas todavía muy cercanas, cuando la Constitución Española de 1978 ya desplegaba todos sus efectos . Ha habido un retraso histórico en la aplicación de muchas técnicas y medios de control, y ha tenido que ser el legislador en muchos casos el que estableciera una situación más justa para el ejercicio de los derechos liberales.
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![Equidad, Derecho...]()
Por: Enrique Rivero Ysern, Marcos Fernando PabloEquidad, Derecho Administrativo y Administración Pública en España
20,00 €A modo de un simple ensayo sobre la equidad y el derecho administrativo en España, los autores realizan una reconstrucción del papel de la categoría histórica, a fin de dar cuenta de fenómenos actuales en los que la equidad es llamada implícitamente para dar respuesta a problemas (tales como la discriminación indirecta, o la necesidad de tutelar intereses en trance de constituirse como legítimamente protegidos) en los que la aplicación mecánica de la legalidad no ofrece una adecuada respuesta tuitiva a situaciones de hecho que reclaman la aplicación de los grandes valores constitucionales, los principios ordenadores de un sector de la actividad administrativa, o el propio principio del que la norma aplicada es portadora.
