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Por: Manuel J. Sarmiento Acosta
El régimen jurídico del suelo no urbanizable en el Estado Autonómico. Características y tendencias.
18,00 €La regulación del suelo no urbanizable no debe depender única y exclusivamente de las decisiones municipales, por legítimas e importantes que sean, sino que tiene que enmarcarse en un contexto más amplio en el cual los intereses supramunicipales, la ordenación del territorio y las decisiones estratégicas globales ocupen asimismo un lugar, que es el que el mismo ordenamiento constitucional les confiere. Es necesario lograr un equilibrio entre autonomía local, ordenación del territorio, protección del medio ambiente y desarrollo económico sostenible.
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Por: Jaime Rodríguez-Arana , Miguel Ángel Sendín García
Las Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos
20,00 €A pesar de que tradicionalmente no se ha prestado en el Derecho Administrativo español una gran atención a los problemas relativos a la organización pública, constituye ésta uno de los elementos esenciales de nuestra disciplina. En este sentido, hasta se puede afirmar que el problema de la eficacia de la Administración pública es una cuestión, simple y llanamente, de organización. De cómo se desplieguen los elementos materiales y personales de las estructuras administrativas va a depender en buena medida la consecución de los objetivos que definen la actuación del conjunto de las Administraciones públicas.
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Por: Manuel J. Sarmiento Acosta
En los límites del Estado de Derecho: Un análisis de la Justicia Administrativa
20,00 €Ciertamente los órganos de lo contencioso-administrativo españoles no han seguido fielmente la estela de los franceses, por poner un ejemplo señero, sino que se han mostrado demasiado timoratos cuando no comprensivos y complacientes con los excesos de la Administración Pública española hasta fechas todavía muy cercanas, cuando la Constitución Española de 1978 ya desplegaba todos sus efectos . Ha habido un retraso histórico en la aplicación de muchas técnicas y medios de control, y ha tenido que ser el legislador en muchos casos el que estableciera una situación más justa para el ejercicio de los derechos liberales.