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Por: Manuel J. Sarmiento Acosta
El régimen jurídico del suelo no urbanizable en el Estado Autonómico. Características y tendencias.
18,00 €La regulación del suelo no urbanizable no debe depender única y exclusivamente de las decisiones municipales, por legítimas e importantes que sean, sino que tiene que enmarcarse en un contexto más amplio en el cual los intereses supramunicipales, la ordenación del territorio y las decisiones estratégicas globales ocupen asimismo un lugar, que es el que el mismo ordenamiento constitucional les confiere. Es necesario lograr un equilibrio entre autonomía local, ordenación del territorio, protección del medio ambiente y desarrollo económico sostenible.
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Por: Javier Ruipérez y Alamillo
La necesidad de constitucionalizar como "fundamentales" algunos derechos atinentes a la dignidad de la persona
22,00 €El objetivo de este libro está explicado con claridad en su título. En los últimos años se ha extendido la demanda entre partidos políticos, académicos y politólogos de considerar a los derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios sociales y trabajo digno) como derechos fundamentales. El profesor centra su estudio en el derecho a una vivienda digna, y se pregunta por qué es necesario, o al menos conveniente, el cambio del derecho a la vivienda a un derecho a la vivienda a un derecho fundamental y nos ofrece una respuesta apoyada en vastos conocimientos y razones. El autor se sitúa en el constitucionalismo de la realidad.
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Por: Manuel J. Sarmiento Acosta
En los límites del Estado de Derecho: Un análisis de la Justicia Administrativa
20,00 €Ciertamente los órganos de lo contencioso-administrativo españoles no han seguido fielmente la estela de los franceses, por poner un ejemplo señero, sino que se han mostrado demasiado timoratos cuando no comprensivos y complacientes con los excesos de la Administración Pública española hasta fechas todavía muy cercanas, cuando la Constitución Española de 1978 ya desplegaba todos sus efectos . Ha habido un retraso histórico en la aplicación de muchas técnicas y medios de control, y ha tenido que ser el legislador en muchos casos el que estableciera una situación más justa para el ejercicio de los derechos liberales.