Colección Ciencia y Pensamiento Jurídico

En el libro se da testimonio de esa realidad cambiante y se razonan las correspondientes propuestas de renovación, sin caer en un adanismo que haga tabla rasa de una tradición cultural. Su autor es un profesor de larga trayectoria académica, profesional y de servicio público que se manifiesta en sus páginas, escritas con soltura. Se trata de una revisión amplia de lo que afecta a las instituciones y categorías del Derecho administrativo: poderes de la Administración e intereses generales, discrecionalidad, derechos fundamentales y su extensión, alternativas al acto administrativo, la "buena administración", replanteamiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, de los contratos públicos, de las relaciones Estado-sociedad o el emergente Derecho administrativo global.

Razones que justifican su docencia e investigación en el siglo XXI.

En la presente monografía se exponen unas reflexiones acerca de la justificación actual del estudio del Derecho romano en nuestra Universidad. Con el título: ¿Para qué sirve el Derecho Romano?, no se busca llamar la atención. Sencillamente, se quiere significar la utilidad del Derecho romano en la formación de los futuros juristas y, en las medidas de lo posible, "desterrar la adopción vulgar que existe contra la conveniencia de esta asignatura".

Este libro se estructura en tres partes perfectamente diferenciadas; una primera, en la que se exponen las razones que justifican su docencia en el siglo XXI; en la segunda, las razones de su investigación en la actualidad, en la tercera, se analiza el Derecho común Europeo.

En este libro se reafirma que la reforma es la mejor forma de defender políticamente la Carta Fundamental española de 1978 frente a aquellos que pueden cuestionar su legitimidad, para lo cual -cabe añadir- se requiere prudencia y ausencia de demagogia, para no atribuir efectos taumatúrgicos al Texto Constitucional y su eventual reforma.

Sin caer en ninguna tentación actualista, este libro se ocupa de la imposibilidad física de la prestación en el derecho romano clásico. Su primera parte incluye un análisis inicial de las relaciones terminológicas y materiales entre la imposibilidad física y el concepto de rerum natura. Después profundiza en cuestiones de especial interés o dificultad como puedan ser, por ejemplo, la presentación del esclavo en poder de los enemigos -contemplaba aquí como un supuesto de imposibilidad- o el concepto de rerum natura mediado por el derecho que parece aflorar en relación con el legado de usufructo, la venta de herencia o la prestación de las operae libertorum.

Este ensayo refleja la preocupación del autor por situar el concepto de poder público en la dinámica constitucional y en el centro del debate acerca del sentido del ejercicio del poder en la democracia. Partiendo de la noción del Derecho Administrativo como Derecho del poder público para las libertades de los ciudadanos, el profesor Rodríguez-Arana analiza las diferentes cuestiones que suscita el ejercicio del poder en la democracia. Asuntos como el de la motivación, la argumentación o el razonamiento exigible a las resoluciones y normas administrativas se tratan en estas líneas.

El libro es resultado de lecturas de clásico del Derecho administrativo y pioneros de la ciencia jurídica administrativa española.

Son parte de una extensa Memoria tal como fue presentada para acceder a Cátedra de Universidad. No es una antología de textos -aunque se incluyan muchos- sino la exposición de diferentes posiciones de ilustres tratadistas europeos sobre el Derecho administrativo. Se ha hecho una selección equilibrada, por países y tendencias. En el caso de los españoles permiten ver una evolución del Derecho administrativo y de la Ciencia de la Administración en nuestro país.

En los clásicos se encuentra la riqueza y variedad de unas aportaciones sin las que no sería posible lo que existe en la actualidad. Explican los por qué y son motivo de contraste.

Ciertamente los órganos de lo contencioso-administrativo españoles no han seguido fielmente la estela de los franceses, por poner un ejemplo señero, sino que se han mostrado demasiado timoratos cuando no comprensivos y complacientes con los excesos de la Administración Pública española hasta fechas todavía muy cercanas, cuando la Constitución Española de 1978 ya desplegaba todos sus efectos . Ha habido un retraso histórico en la aplicación de muchas técnicas y medios de control, y ha tenido que ser el legislador en muchos casos el que estableciera una situación más justa para el ejercicio de los derechos liberales.