Colección Ciencia y Pensamiento Jurídico

A pesar de que tradicionalmente no se ha prestado en el Derecho Administrativo español una gran atención a los problemas relativos a la organización pública, constituye ésta uno de los elementos esenciales de nuestra disciplina. En este sentido, hasta se puede afirmar que el problema de la eficacia de la Administración pública es una cuestión, simple y llanamente, de organización. De cómo se desplieguen los elementos materiales y personales de las estructuras administrativas va a depender en buena medida la consecución de los objetivos que definen la actuación del conjunto de las Administraciones públicas.

Manlio Bellomo lleva al centro de la memoria colectiva una edad de la historia europea que ha vivido una profunda transformación social y política, y pone en clara luz, en el recuerdo, cuál fue el papel de los juristas medievales en el curso de decenios de amplia renovación civil, entre el siglo XI y el XII: fue la capacidad de crear y en parte de recrear categorías jurídicas (pensadas como dogmata iuris) que se ponían como elementos disgregadores de un "sistema señorial y feudal" en el cual todo arbitrio y toda violencia habían encontrado y encontraban título y justificación para el uso de las armas al puesto de las palabras reguladas por la ley, al menos hasta el siglo XI.

Mediante el estudio del Derecho jurisprudencial romano el jurista actual puede darse cuenta y adquirir plena concien­cia de la importancia trascendental en el sistema de su labor como mediador entre la norma y la realidad social que se plantea en cada momento concreto, teniendo siempre pre­sente que sus juicios deberán ser acordes con las reglas ge­nerales y los principios ético-jurídicos informadores del or­denamiento.

El punto de partida para este libro fue la pregunta: ¿cómo exponer de manera sintética la utilidad de la experiencia del derecho romano de obligaciones?

En mi opinión, en primer plano de esa imagen sintética del derecho de obligaciones, debería estar la identificación y observación de las rationes decidendi que se utilizan para resolver conflictos, rationes que ya están enraizadas o que reaparecen en la aplicación del derecho de obligaciones, a pesar de los cambios en el contexto cultural, religioso y económico en que se aplican.

La regulación del suelo no urbanizable no debe depender única y exclusivamente de las decisiones municipales, por legítimas e importantes que sean, sino que tiene que enmarcarse en un contexto más amplio en el cual los intereses supramunicipales, la ordenación del territorio y las decisiones estratégicas globales ocupen asimismo un lugar, que es el que el mismo ordenamiento constitucional les confiere. Es necesario lograr un equilibrio entre autonomía local, ordenación del territorio, protección del medio ambiente y desarrollo económico sostenible.